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Un agente forestal, alcalde de Coca (Segovia), es agredido cuando intentaba evitar un robo de pinos

Un agente medioambiental fue agredido cuando intentaba evitar el robo de pinos en Coca (Segovia), término municipal del que es alcalde y donde presta sus servicios para la Junta de Castilla y León.

Fuente: 20 minutos

Un agente forestal, alcalde de Coca (Segovia), es agredido cuando intentaba evitar un robo de pinosUn agente medioambiental fue agredido cuando intentaba evitar el robo de pinos en Coca (Segovia), término municipal del que es alcalde y donde presta sus servicios para la Junta de Castilla y León.

El pasado sábado, mientras vigilaba los montes de la localidad, Juan Carlos Álvarez sorprendió a dos individuos cortando árboles sin autorización. Al requerirles que se identificaran para proceder a denunciarles, uno de ellos se negó, por lo que requirió el auxilio de la Guardia Civil.

El agente procedió a continuación a tomar fotografías como prueba de los hechos, momento en que uno de los infractores le tiró al suelo y le golpeó con una rama de manera “brutal”, según informan a Europa Press fuentes de la Asociación Profesional de Agentes Forestales y Medioambientales (APAFMA) de Segovia.

La agresión, según el afectado, fue tan fuerte que incluso llegó a “temer por su vida”, si bien el otro infractor ayudó a que el otro desistiera de sus intenciones.

La Asociación de Agentes Forestales de Segovia, que alerta de los repetidos robos de pinos que se están produciendo últimamente, estudia emprender acciones legales junto a las agrupaciones de Castilla y León (APAMCYL) y la de España (AEAFMA). Éstas podrían llegar a la personación como acusación en el proceso.

APAFMA ha condenado rotundamente los hechos y ha recordado que los agentes medioambientales ostentan la condición de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, así como la de policía judicial en sentido genérico, como dispone la Ley de Montes.

Además, señala que la desobediencia grave, amenazas y/o agresión a un agente de la autoridad se contempla como delito de atentado según el vigente Código Penal, y que puede ser castigado con penas de prisión que van de uno a tres años.

Recientemente se ha conocido una sentencia de Burgos en relación con amenazas graves por parte de un cazador a un agente medioambiental, que se ha resuelto con la pena de dos años de prisión, según indica la Asociación.

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