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Las familias de los Agentes Rurales muertos se querellan contra 11 cargos de Agricultura

Fuente: El País

Les acusan de dos delitos, uno contra la seguridad de los trabajadores y otro por homicidio imprudente

Las familias de los Agentes Rurales muertos se querellan contra 11 cargos de AgriculturaLas familias de los dos Agentes Rurales asesinados en Lleida y la Agrupación de Agentes Forestales de CCOO se han querellado contra la consejera de Agricultura, Meritxell Serret, y otros 10 cargos más del Departamento, como presuntos coautores de un delito contra la seguridad de los trabajadores en concurso ideal con un delito de homicidio imprudente. Sostienen que, “sin pretender directamente el resultado mortal, sí eludieron conscientemente su responsabilidad de aplicar medidas de seguridad”.

Las querellas que se presentaron este lunes en los Juzgados de Lleida van dirigidas contra el secretario general del Departamento; la directora general de Montes; el subdirector General del Cuerpo de Agentes Rurales (CAR) y su Inspector jefe, entre otros. Ambas querellas, una como acusación particular y la otra popular, en los mismos términos consideran a los demandados “coautores principales en ambos delitos, por ser obligados legalmente a facilitar protocolos, equipos y otras medidas de prevención de riesgos laborales para la seguridad y salud de los agentes”.

Han estado motivadas por el doble asesinato a sangre fría de los agentes en un control rutinario a manos de un cazador sin licencia de armas que aprovechó que iban armados “con su placa y su uniforme”. Los querellantes mantienen que “si estos agentes hubiesen dispuesto de las medidas de protección e intimidación necesarias, este horrible suceso se podría haber evitado”.

La querella recoge como desde la creación del CAR en 1986 han vivido situaciones de peligro y ha habido “falta de actuación” de los responsables de Prevención de Riesgos Laborales. Ha contado más de 200 incidentes, al menos en 22 ocasiones les han encañonado con armas de fuego. Denuncian que el CAR, padece “una regulación en prevención de riesgos laborales desfasada y obsoleta”. Aseguran que existe un borrador de riesgos laborales de 2014 que nunca se ha aprobado, una “nueva y necesaria” evaluación de riesgos que recoge sus peligros reales, “entre ellos atacados con armas, con peligro de invalidez o muerte”.

Las querellas concretan en qué medida cada querellado tiene “responsabilidades en materia de prevención por omisión”. Trataron que los directivos responsables de seguridad vieran que “la situación era crítica advirtiéndoles en innumerables ocasiones que de no atajar el problema de raíz era cuestión de tiempo que ocurriese una desgracia”. “Eran plenamente conocedores de la situación” pero hicieron “oídos sordos” quitando “hierro al asunto” y “tal actividad de omisión ha puesto en grave peligro la vida de los Agentes Rurales” muestra de ello fue en enero “cuando una de las habituales amenazas se materializó”.

Consideran que se trata de una imprudencia grave con resultado de muerte, ya que “los responsables de prestar medidas a un colectivo afectado por riesgos en que peligraba su vida no pueden alegar desconocimiento de los riegos desde el momento en que salen a trabajar fiscalizando la actividad de personas armadas”.

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