APAF-Madrid (Asociación Profesional de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid)

Noticias sobre los Agentes Forestales y Medio Ambientales en España

Revuelta de los Agentes Forestales contra la ley que recorta sus competencias

Fuente: La Vanguardia

El proyecto de Ley de Montes establece que los delitos ecológicos quedarán en manos exclusivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

La ex ministra Narbona también se opone porque les convierte en "meros avisadores ante la evidencia de un delito"

Revuelta de los Agentes Forestales y Medioambientales de toda España contra el proyecto de ley de Montes, actualmente en tramitación parlamentaria, que les priva de la posibilidad de presentar denuncias directamente al juez por la comisión de presuntos delitos ecológicos. La decisión del Gobierno de imposibilitar las denuncias directas al juez por parte de los Agentes Forestales ha sido replicada por los más importantes sindicatos profesionales.

Revuelta de los Agentes Forestales contra la ley que recorta sus competencias

Hasta ahora, la ley preveía que la actuación de los Agentes Forestales en la investigación de estos delitos se debía de hacer de forma coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Por eso, podían elevar directamente atestados de denuncia al juez. En cambio, con el proyecto de ley se pretende que a partir de ahora sólo actúen de manera auxiliar.

Este hecho limitará de forma expresa las actuaciones de investigadoras al ámbito de las infracciones administrativas, dicen los sindicatos. El proyecto de ley establece expresamente que en el caso de descubrirse hechos que puedan constituir un delito medioambiental, los Agentes Forestales deberán entregar todas las pruebas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Guardia Civil, Policía Nacional, policía autonómica y policía local), y en ningún caso podrán redactar los atestados.

Según se percibe de la reforma legislativa, estos colectivos se encargarían básicamente de perseguir las pequeñas agresiones ambientales de carácter administrativo, mientras que los delitos quedarían Guardia Civil, Policía Nacional, policía autonómica y policía local.

Francesc Coll, presidente de la Associació Professional d’Agents Rurals de Catalunya, expresó a este diario el malestar de este colectivo indicando que la nueva normativa resultará contradictoria, pues “cada año, la Fiscalía General del Estado” felicita a los Agentes Forestales por su actuación. Más de la mitad de los casos de delitos ambientales son presentados por estos profesionales. La queja ha sido secundada también por UGT, CC.OO., CSI-F, entre otros sindicatos.

Hasta ahora, los Agentes Forestales o Medioambientales (rurales, en Catalunya) se habían encargando de perseguir las agresiones más graves contra el medio ambiente, tipificadas como delito en el código penal (muertes de especies protegidas, envenenamiento de fauna salvaje, contaminación de las aguas continentales, destrucción de espacios naturales, incendios forestales…). Los sindicatos de Agentes Forestales o ambientales señalan que si se les priva de perseguir estas actuaciones es como “si se les estuviera diciendo a los 6.400 agentes de toda España (casi 500 de ellos de Catalunya) “que dediquen el grueso de sus esfuerzos sólo a investigar las pequeñas agresiones, que son las tipificadas como infracción administrativa” (efectuar actividades sin licencia o sin permiso de cazar o pescar, o hacerlo fuera de la época hábil.

La disposición más polémica del proyecto de ley se encuentra en el artículo 68. En él se dice que cuando estos agentes “tuvieran conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de delito deberán ponerlos en conocimiento de la Autoridad Judicial o del Ministerio Fiscal”. Añade que “los Agentes Forestales actuarán con carácter auxiliar de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que elaborarán, en su caso, el correspondiente atestado. Para ello, los Agentes Forestales les darán conocimiento de cuanto hubiesen practicado, poniéndose a su disposición”.

Quejas de la ex ministra de Medio Ambiente

La modificación de la ley ha sido denunciada por la ex ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, en un artículo de prensa, en donde rechazó totalmente la “reducción de las capacidades de los Agentes Forestales, a quienes la reforma convierte en auxiliares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, meros avisadores ante la evidencia de un delito”. Narbona destacó que los Agentes Forestales han colaborado eficazmente y con inmediatez, gracias a su conocimiento especifico del monte, por ejemplo, mediante la elaboración de atestados. En la propia definición de los Agentes Forestales desaparece, además, la palabra "funcionarios", algo que puede ser indicio de una voluntad de privatización de las tareas de vigilancia y seguridad de los bosques, añadía la ex ministra.

En Catalunya, por ejemplo, los agentes rurales han hecho un gran trabajo en los últimos cinco años: 225 atestados en el año 2010, 206 en el 2011, 229 en el 2012, 176 en el 2013 y 177 en el 2014. Los datos oficiales indican que estos atestados han sido por incendios forestales (331), delitos contra la fauna protegida (279), delitos contra el territorio (175), vertidos (32), venenos (17), furtivismo (14), delitos contra la flora (9) y contra los espacios naturales (19).

“Sin el trabajo de los agentes rurales este trabajo no se haría, no lo haría nadie, porque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen otras prioridades, como la seguridad ciudadana, más propias suyas que la protección del medio ambiente”, señala Francesc Coll.

La Associació Professional ha pedido al Govern catalán una reacción contundente ante el proyecto de ley, pues “resta atribuciones esenciales a un Cuerpo de la Generalitat”, y entra en contradicción de la ley 17/2003, de 4 de julio, del Cos d’Agents Rurals, y el Estatut d’Autonomia del 2006 (art. 144.6)

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