APAF-Madrid (Asociación Profesional de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid)

Noticias sobre los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid

Alegaciones al Reglamento de Armas para adecuarlo a la función pública que desarrollan los agentes forestales

La Asociación Profesional de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid (APAF-Madrid) siguiendo la recomendación dada por la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA) en su XI asamblea general ha presentado en tiempo y forma, ante el Ministerio del Interior, un escrito de alegaciones en interés legítimo de la regulación del uso de armas de este sector funcionarial, ante la publicación, en el Boletín Oficial del Estado de fecha 30 de noviembre de 2010, por el que se inserta anuncio para el trámite de audiencia pública relativo al proyecto de Real Decreto para la aprobación del Reglamento de Armas.

 

En el escrito de alegaciones se formulan las siguientes OBSERVACIONES:

PRIMERA. De la lectura conjunta del articulado del proyecto se deduce fácilmente que, a los funcionarios comprendidos dentro de la definición de Agente Forestal, se les encuadra, a los efectos de uso de armas en ejercicio de sus funciones, en las disposiciones relativas a seguridad privada, asimilándolos a elementos de mera vigilancia, guarda y custodia propios del personal de la legislación de seguridad privada (vigilantes jurados de seguridad, guardas particulares del campo, guardas jurados de caza, etc.) o de las figuras homólogas de personal laboral de guarda y custodia de bienes dependientes de entes y organismos diversos ¿? tales como los guardas de caza de la legislación sectorial, celadores de reservas, vigilantes piscícolas, etc.

SEGUNDA. Los Agentes Forestales definidos en el artículo 6, apartado q), de la Ley 43/2003, de 21 de diciembre, de Montes, según nueva redacción dada al precepto por la Ley 10/2006, de 28 de abril, por el la que se modifica la meritada Ley de 2003, se caracterizan jurídicamente por las siguientes notas:

1.- Se trata de funcionarios públicos, jerarquizados y uniformados, dependientes en exclusiva de las administraciones públicas (local, autonómica y estatal).

2.- La función principal, dicho sea sin perjuicio todas de las demás, es la definida en la Ley de Montes citada, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en las legislaciones y reglamentos autonómicos, incluido el Estatuto de Autonomía de Cataluña, o, lo que es lo mismo, las de policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal y la de policía judicial en sentido genérico tal como establece el apartado 6.º del artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, funciones éstas que sobrepasan las de mera vigilancia, guarda y custodia propias de la seguridad privada, cuya encomienda se limita a prevenir faltas y delitos contra la propiedad, entendida ésta como bienes sujetos al derecho de propiedad civil, con exclusión de los bienes jurídicos de interés general, cuya tutela está encomendada a las distintas administraciones públicas – incluida la administración de justicia- a través de funcionarios públicos con carácter de agentes de la autoridad.

3.- Que se trata de agentes de la autoridad en sentido estricto, con encomienda legal en al legislación básica del Estado (Ley de Montes, Le y de Caza, Ley de Pesca, Ley de Vías Pecuarias, Ley de Conservación de la Naturaleza, Ley de Enjuiciamiento Criminal, etc), o, lo que es lo mismo, un colectivo profesional de funcionarios públicos, agentes de la autoridad y de la policía judicial genérica definidos en la jurisprudencia como policiales especiales, de carácter mixto, administrativo y judicial, naturaleza jurídica que compartimos con el Servicio de Vigilancia Aduanera.

4.- Que las funciones de policía administrativa especial que tenemos encomendadas, las ejercemos en régimen de concurrencia, igualdad y prestación simultánea respecto de las policías integrales reguladas en la legislación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, constante histórica con la Guardia Civil (véase la voz “Policía de Caza” en la legislación básica) incrementada con las policías autonómicas, forales y unidades del CNP adscritas a las comunidades autónomas.

TERCERA. Regular el uso de armas de este colectivo funcionarial como si se tratara de integrantes de la seguridad privada es, cuando menos, contrario a su naturaleza jurídica y por ello presumiblemente ilegal.

CUARTA. Lo que pretendemos es una regulación acorde con nuestra naturaleza jurídica y funciones, que se acomode al criterio restrictivo en el uso de armas de fuego que acertadamente – al menos en parte- pretende el Ministerio del Interior, sin que ello ponga en peligro nuestra seguridad personal ni la de los demás, ni impida desarrollar determinadas funciones de control de poblaciones animales que no se corresponden con el ejercicio de la actividad cinegética (que nos obliga a obtener licencia de caza u otras) sino con una actividad de interés público, a ejercer por funcionarios públicos y con independencia de la titularidad de los terrenos donde se realice (control de especies protegidas, especies invasoras o afectadas por epizootias) o también la captura en vivo mediante anestésicos disparados con armas de fuego, no mediando en ningún caso el elemento subjetivo y primordial de la caza que es la apropiación de las piezas cobradas.

QUINTA. Lo que pretendemos es que nuestro carnet profesional, siempre que se trate de funcionarios de carrera y en activo, sirva como licencia de armas para el arma de servicio (corta o larga indistintamente), armas de caza mayor y escopetas de caza aptas para caza menor con destino al control de poblaciones y, por último, armas aptas para el disparo de dardos anestésicos para la captura en vivo de especies silvestres o asilvestradas.

Dichas armas, deberían ser propiedad de la administración pública de la que dependa el funcionario del cuerpo o escala correspondiente, con guía de servicio, siendo depositadas al finalizar el servicio en dependencias oficiales debidamente adecuadas de conformidad con el Reglamento de Armas.

SEXTA. Lo que no pretendemos es retornar a la condición de cuerpo armado, condición con la que se transfirió desde el Estado a las autonomías, a la mayoría de los integrantes de la Guardería Forestal del Estado y de la Escala de Guardas del ICONA, ya como Agentes Forestales del Estado (Artículo 45.3, del Reglamento de la Guardería Forestal del Estado).

Lo que no pretendemos es que todos y cada uno de los 6000 agentes que componen éste colectivo funcionarial, tengan que tener asignadas armas de las antes relacionadas. Si pretendemos que en los destinos o servicios, en los que de acuerdo con el criterio de la administración de la que dependan, se entienda necesario el portar armas en servicio, o usar las de caza y de dardos anestésicos para fines de control de poblaciones, no nos obligue a obtener cuatro licencias distintas, tres de ellas a nuestra costa cuando en realidad no son para disfrute sino para el cumplimiento de actos debidos de interés público.

SÉPTIMA. Lo que pretendemos es que sea la normativa propia de cada cuerpo o escala, la que establezca el uso o no uso de armas de fuego durante los distintos tipos de servicio, en el marco de las condiciones que al efecto establezca el Ministerio del Interior a través del Reglamento de Armas.

OCTAVA. Que la naturaleza jurídica del colectivo funcionarial afectado y la posibilidad o no de portar armas de fuego durante el servicio, además de lo recogido en la legislación básica, ya fue resuelta por el Tribunal Constitucional a propósito del recurso del Estado frente a la creación del Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat de Cataluña.

Además de lo anterior, en el particular caso del cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat de Cataluña, la encomienda policial está realizada en el Estatuto de Autonomía vigente, cuyo tenor literal es el siguiente: “Art. 144.6: La Generalitat ejerce sus competencias por medio del Cuerpo de Agentes Rurales, competentes en la vigilancia, el control, la protección, la prevención integral y la colaboración en la gestión del medio ambiente. Los  miembros de este cuerpo tienen la condición de agentes de la autoridad y ejercen funciones de policial administrativa especial y policía judicial, en los términos establecidos en la ley.”.

 

Por todo lo anterior,

Lo que se SOLICITA que, a la vista de las observaciones realizadas, se modifique el proyecto de Real Decreto del Reglamento de Armas para adecuarlo a la naturaleza jurídica del personal funcionario comprendido dentro de la definición de Agente Forestal, en la forma antes señalada u otra análoga de igual resultado, excluyendo por tanto la regulación del uso de armas por el agente forestal de la normativa propia de la seguridad privada recogida en el borrador de Reglamento, quedando a la entera disposición de ese Ministerio para encontrar una redacción de consenso que, desde la salvaguarda del interés y seguridad públicos, satisfaga a todos los implicados en éste proceso normativo.

AddThis Social Bookmark Button
Está aquí: Inicio Noticias Comunidad de Madrid Alegaciones al Reglamento de Armas para adecuarlo a la función pública que desarrollan los agentes forestales