APAF-Madrid (Asociación Profesional de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid)

Noticias sobre los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid

Imposibilidad de la aplicación y cumplimiento de la Legislación Medioambiental si estuviera vigente el artículo 9 de la Ley 3/2007

NORMATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

1. Ley 1/2002, de 27 de marzo, por la que se crea el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid.

Las funciones que esta ley establece en su artículo 5 para el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid no se pueden ejercer en el 77% del territorio.

 

2. Decreto 2/2008, de 17 de enero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. (art. 6, competencias de la Dirección General del Medio Natural).

Todas las atribuciones encomendadas a la Dirección General del Medio Natural quedan recortadas por la Ley 3/2007. Especialmente importantes son las funciones de protección y conservación del medio ambiente natural, la defensa de los montes, su control, inspección y vigilancia, el planeamiento, la gestión y seguimiento de los Espacios Naturales Protegidos y la concesión y control de autorizaciones y licencias.

 

3. La Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestre de la Comunidad de Madrid.

Se incumple el objeto mismo de la Ley, que no es otro que garantizar la conservación y protección de la fauna y flora silvestres e todo el territorio de la Comunidad de Madrid. La inspección, vigilancia y control de la materia objeto de esta Ley ha quedado absolutamente cercenada. La fauna y flora de la Comunidad de Madrid que habite en los montes privado queda expuesta a cualquier agresión. No se podrá controlar ninguna de las numerosas prohibiciones contenidas en esta ley.

 

4. Decreto 18/1992, de 26 de marzo, Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y Árboles Singulares.

Imposibilidad de realizar seguimientos o censos de las especies amenazadas de la Comunidad de Madrid que permitan conocer su situación actualizada. Mucho menos velar por su protección y recuperación. En grandes montes privados no se podrán impedir actividades que puedan perjudicar o incluso erradicar la flora y fauna protegida.

Especial relevancia adquiere la imposibilidad de evitar expolios de nidos de aves amenazadas como águila imperial, buitre negro, halcón, etc.

Los ejemplares de árboles singulares catalogados en montes particulares quedan expuestos a la corta, poda o cualquier actuación que pueda perjudicarles.

 

5. Ley 7/1990, de 28 de junio, sobre Protección de Embalses y Zonas Húmedas de la Comunidad de Madrid. Catálogo de Embalses y Humedales de la Comunidad de Madrid.
Decretos por los que se aprueban los Planes de Ordenación de 11 embalses catalogados por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 1991. (Decs. 111/2002, 112/2002, 113/2002, 114/2002,115/2002, 116/2002, 117/2002, 118/2002, 119/2002, 120/2002, 121/2002.)
Decreto 265/2001, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Actuación sobre Humedales Catalogados de la Comunidad de Madrid.

Los embalses de la Comunidad de Madrid están rodeados, según sus planes de ordenación y de conformidad con lo establecido en la Ley 7/1990, por diferentes franjas de protección. Los 100 primeros metros que los circundan están clasificados como suelo no urbanizable objeto de protección especial, pero no se podrán controlar pues gran parte de ellos pertenecen a montes privados. Existen además otras áreas protegidas que será imposible vigilar e impedir cualquier actuación que pueda afectar al embalse y a la calidad de sus aguas de consumo humano.

Como ejemplo se puede observar el embalse de Riosequillo en Buitrago de Lozoya. Está rodeado de montes particulares donde están limitados diversos usos, actividades y construcciones por la normativa vigente pero será imposible hacerla cumplir, poniendo en riesgo sus aguas y ecosistemas.

Tomando los datos de las publicaciones de la propia Comunidad se puede estimar que tan sólo el 19% de lo terrenos sometidos a ordenación de embalses pertenecen a montes públicos.

Plan de Ordenación del embalse de Riosequillo Plan de Ordenación del embalse de Riosequillo

Fuente: “Atlas del Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid” Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Respecto a los humedales existe una zona periférica de 50 m calificada como suelo no urbanizable de protección especial y prácticamente todos (20 de los 23 existentes) están en montes privados, con lo cual se hace imposible su inspección y protección.

 

6. Leyes de declaración de los Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad de Madrid y sus respectivos Planes de Ordenación de Recursos Naturales y Planes Rectores de Uso y Gestión:

  • Ley 1/1985, de 23 de enero. Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.
  • Ley 6/1990, de 10 de mayo. Parque Natural Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara.
  • Ley 6/1994, de 28 de junio. Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama.
  • Ley 20/1999, de 3 de mayo. Parque Regional Curso Medio del Río Guadarrama y su Entorno.
  • Real Orden del Ministerio nº 213. Monumento Natural de Interés Nacional Peñas del Arcipreste de Hita.
  • Decreto de 2418/1961, de 16 de noviembre. Paraje Pintoresco Pinar Abantos y zonas de la Herrería del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial.
  • Decreto de 2866/1974, de 30/08/74. Sitio Natural de Interés Nacional Hayedo de Montejo de la Sierra.
  • Decreto 5/1991, de 14 de febrero. Refugio de Fauna Laguna de San Juan.
  • Decreto 68/1994. Reserva Natural El Regajal-Mar de Ontígola.
  • Decreto 169/2000 de 13 de julio. Régimen de Protección preventiva Soto del Henares

El caso de los Espacios Naturales Protegidos es especialmente grave. Todas las limitaciones y prohibiciones establecidas en las normas que los regulan, encaminadas a su conservación y protección son inaplicables desde la aprobación de la Ley 3/2007 ya que el 81.4 % de su superficie pertenece a montes privados.

Existen además otros dos espacios protegidos en la Comunidad de Madrid que han sido declarados por la aplicación de convenios internacionales:

  • Reserva de la Biosfera “Sierra del Rincón”: cuenta con 15.239 ha. de las que 9.053 ha. son gestionadas por la Comunidad de Madrid (únicamente el 59,4 %.)
  • Reserva de la Biosfera “Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares”: cuenta con unas 46.846 ha., de las que sólo 10.407 ha. son gestionadas por la Comunidad de Madrid (un 22,2 %.)

 

7. Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid.

Las disposiciones que marca la propia Ley son de aplicación a todos los montes o terrenos forestales existentes en el territorio de la Comunidad de Madrid, con independencia de su titularidad.

Establece también que su finalidad es la adecuación de todos los montes de la Comunidad de Madrid al cumplimiento de la función de servicio a la colectividad social, protección de la naturaleza y medio ambiente en general.

Todo lo que dispone esta ley sobre el control que debe ejercer la Administración sobre cambios de usos del suelo, eliminación de las cubiertas vegetales, defensa contra incendios forestales, defensa contra plagas y enfermedades, lucha contra la erosión, inspección y control de los aprovechamientos forestales y de actividades recreativas o la comprobación de las actuaciones llevadas a cabo mediante subvenciones públicas, pasa a ser de imposible aplicación en el 77% del territorio.

Además, esta ley crea una nueva figura de protección denominada “monte preservado” para aquellos montes que presentan un especial valor ecológico-forestal. Estos montes preservados suman 105.137 ha., de las únicamente son públicas 14.909 ha. Es decir, el 86 % está en manos privadas y escaparían a todo tipo de inspección y control para su adecuada conservación. Ver mapa adjunto:

Montes Preservados de la Comunidad de Madrid

Fuente: D.G. de Medio Natural

 

8. Decreto 111/1988, de 27 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la regulación de cortas en los montes bajos o tallares de encina y rebollo de la Comunidad de Madrid.

Este decreto establece una regulación de cortas en encinares y robledales “con el fin de mejorar la producción económica y la conservación y restauración de estos montes”, ya que “las cortas de leñas en la Comunidad de Madrid, seguidas por la práctica del pastoreo están comprometiendo la recuperación biológica producida en los últimos tiempos en los bosques y montes bajos de frondosas”. Indica, además, que “el personal de la Consejería de Medio Ambiente, siempre que ésta lo estime conveniente, visitará las fincas donde se estén ejecutando o hayan ejecutado cortas, con el fin de comprobar si dichas labores se ajustan o se han ajustado a los criterios técnicos dictados”.

Todo ello entra en contradicción con lo establecido en la Ley 3/2007.

 

9. Decreto 8/1986, de 23 de enero, del Consejo de Gobierno, sobre regulación de las labores de podas, limpias y aclareos de fincas de propiedad particular pobladas de encinas.

Este decreto es similar al anterior y dispone una serie de criterios técnicos para que los propietarios de fincas con encinas realicen las podas para su aprovechamiento de leñas “con el fin de proteger esta especie al objeto de asegurar su persistencia y conservación”. De igual modo establece que “el personal de la Consejería de Medio Ambiente, siempre que ésta lo estime conveniente, visitará las fincas donde se estén ejecutando o hayan ejecutado podas, limpias o aclareos, con el fin de comprobar si dichas labores se ajustan o se han ajustado a los criterios técnicos dictados.”

Al no poder entrar en las fincas todos esos criterios establecidos para el adecuado aprovechamiento de las encinas no podrán ser controlados.

 

10. Orden 755/2007, de 30 de marzo, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se fijan las limitaciones y épocas hábiles de caza que regirán durante la campaña 2007-2008.

Imposibilidad de controlar y hacer cumplir las disposiciones que establece la orden de vedas sobre las épocas, días y especies autorizadas para la caza, así como las medios utilizados, en el 93% de la superficie cinegética de la Comunidad de Madrid.

 

11. Orden 2658/1998, de 31 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, por la que se autoriza la caza de aves fringílidas en la Comunidad de Madrid.

Imposibilidad de controlar en los montes privados la captura de estas aves de acuerdo con los requisitos legales establecidos.

 

12. Orden 1722/2007, de 13 de julio, de la Consejera de Medio Ambiente y Ord. del Territorio, regula la caza de jabalí modalidad de batida, en Zona de Caza Controlada y en la Reserva Nacional de Caza de Sonsaz, de la Comunidad de Madrid, campaña 2007-2008.

Se podrá controlar el ejercicio de la caza en el interior de estas zonas puesto que están emplazadas en montes públicos, pero será imposible dar cumplimiento a los preceptos establecidos en la legislación cinegética respecto a las distancias en las que está prohibido cazar alrededor de la zona donde se desarrolle la batida. Es lo que se conoce como cazar en “línea de retranca”, es decir a menos de 500 m de los límites de esa zona. Con lo cual se podrá furtivear sin problema en los terrenos circundantes que sean privados u organizar otra batida simultanea, lo que también está prohibido.

 

13. Orden 1723/2007, de 13 de julio, de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la caza de palomas migratorias desde puestos fijos en pasos tradicionales situados en la Comunidad de Madrid, campaña cinegética 2007-2008.

Es objeto de esta orden la regulación de la modalidad de caza de paloma migratoria, desde puestos fijos en los pasos tradicionales declarados como tales en la Comunidad de Madrid.

La mitad de estos pasos se encuentra en cotos privados de caza, por lo que debido a la Ley 3/2007 no se pueden hacer cumplir los mandatos de esta orden.

De especial importancia es el posible incumplimiento de las fajas de seguridad, franjas de terreno de 1 Km. de ancho donde se limita la actividad para proteger a las personas.

 

14. Decreto 47/1991 de 21 de junio de Implantación obligatoria del Plan de Aprovechamiento Cinegético en terrenos acotados.

Se establece en este decreto que todo aprovechamiento cinegético en terrenos acotados debe hacerse, por el titular del derecho de forma ordenada y conforme al Plan Cinegético justificativo de la cuantía y modalidades de las capturas a realizar, con el fin de proteger y fomentar la riqueza cinegética.

Sin embargo con la aplicación de la ley 3/2007, es imposible constatar el cumplimiento de las disposiciones que establecen estos planes de aprovechamiento cinegético en los cotos privados de caza (93% de la superficie cinegética). No se podrá saber, por ejemplo, si el coto se está sobreexplotando o se usan medios ilegales de captura.

 

15. Orden 2139/1996, de 25 de septiembre de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, por la que se regula el control sanitario, transporte y comercialización de animales silvestres abatidos en cacerías y monterías

Esta orden tiene por objeto regular el control sanitario, transporte y comercialización de los animales silvestres abatidos en monterías y cacerías. Hasta la fecha de publicación de la Ley 3/2007 los Agentes Forestales estaban presentes, como agentes de la autoridad, junto a los veterinarios para verificar que se analizaban todos los animales abatidos y hacer cumplir todos los requisitos sanitarios establecidos. A partir de ahora los veterinarios acuden solos a las cacerías, desconocen el terreno, se pierde la presencia del agente de la autoridad y, al no haber actas oficiales de los animales que se han abatido no se puede garantizar que haya animales comercializados para el consumo humano con la debida seguridad sanitaria y alimentaría.

 

16. Decreto 156/2002, de 19 de septiembre del Consejo de Gobierno, por el que se limita el uso de munición que contenga plomo para el ejercicio de la caza y el tiro deportivo en determinados embalses y zonas húmedas de la Comunidad de Madrid.

No se podrá verificar la no utilización de munición plomo en humedales que están situados en terrenos privados.

 

17. Orden 71/2007, de 31 de enero, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sobre establecimiento de vedas y regulación especial de la actividad piscícola en los ríos, arroyos y embalses de la Comunidad de Madrid para el ejercicio de 2007.

Esta orden regula el ejercicio de la pesca deportiva en el ámbito de las aguas públicas de la Comunidad de Madrid. El Agente Forestal es el agente de la autoridad encargado de hacer cumplir sus disposiciones. En la mayoría de las ocasiones el agente no puede acceder a las aguas públicas al tener que atravesar terrenos privados, circunstancia prohibida por la Ley 3/2007, por lo que se pierde todo control sobre la actividad piscícola en gran parte de los ríos de la Comunidad de Madrid.

 

18. Decreto 59/2006, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA).

Una de las excepciones que permite la Ley 3/2007 es la entrada a montes privados para extinguir incendios forestales. Sin embargo impide una detección rápida de los incendios, la prevención que venía ejerciendo el Agente Forestal y la investigación de incendios forestales. Además la extinción se ve condicionada por numerosos parámetros.

  • Detección: El Agente Forestal, por su situación constante en el monte, detecta numerosos incendios forestales. En todos los casos el agente debe acercarse lo más posible al foco del posible incendio, ya que son numerosas las falsas alarmas y no es conveniente activar el operativo de extinción por una simple presunción. La Ley 3/2007 impide esta circunstancia y, lo que es más grave, la primera actuación de extinción que en numerosas ocasiones realizaba el propio Agente Forestal en incendios incipientes o conatos.
  • Prevención: La presencia del Agente Forestal en el monte supone uno de los mecanismos de prevención más eficientes, ya que se evitan actividades que pueden producir incendios. El mal uso socio-recreativo de los montes durante el verano produce un alto porcentaje de los incendios (barbacoas, paellas, fiestas nocturnas, etc.). Se cuentan por centenas las denuncias efectuadas por los Agentes Forestales debido a estas cuestiones. Ahora será imposible controlar cualquier actuación de este tipo en el 77% del territorio. Por otro lado el Agente Forestal desconocerá en poco tiempo el estado de las pistas forestales, cortafuegos y masas forestales presentes en montes particulares, no pudiendo informar de tales hechos, quedando expuestos estos montes a ser pasto de los incendios forestales.
  • Extinción: Precisamente por lo anteriormente expuesto la extinción se ve fuertemente condicionada. Todos los medios del operativo de extinción son normalmente dirigidos al incendio por el Agente Forestal a través de pistas y cortafuegos. Cuando lo que se requiere es rapidez y seguridad, el desconocimiento del terreno debido a la Ley 3/2007 aportará todo lo contrario, peligrando las masas forestales, la fauna silvestre y las vidas humanas.
  • Investigación de las causas de incendios forestales: Especial perjuicio supone no poder acceder con inmediatez al monte en el caso de la investigación de posibles delitos por incendio forestal, debido a que es de vital importancia la detección precoz de las posibles pruebas judiciales en el lugar de los hechos por su volatilidad (un simple papel o trapo quemado con restos de gasolina puede desaparecer el lugar en pocas horas por el viento o cualquier otra causa). La investigación de causas es fundamental para la futura prevención de incendios.

 

19. Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.

Los condicionados que imponen las declaraciones de impacto ambiental sobre las actividades que están sujetas a evaluación ambiental en el medio natural no podrán ser inspeccionados ni comprobados, por lo que tales declaraciones podrán incumplirse sin problema alguno con lo graves riesgos tanto para el medio ambiente como para la salud humana que ello conlleva.

 

20. Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo en la Comunidad de Madrid.

En la Comunidad de Madrid se hace más patente que en ninguna otra Comunidad las diferencias suelo urbano, urbanizable y no urbanizable (ya sea por estar protegido o no). Estas diferencias permiten observar claramente el inmenso número de agresiones urbanísticas que sufre el medio natural de la Comunidad de Madrid. El 85% de las denuncias por construcciones ilegales que llegan a los juzgados madrileños provienen del Cuerpo de Agentes Forestales. Es evidente que todas esas infracciones, en la mayoría de los casos delitos, se producen en montes o terrenos de particulares y es por ello que se pone en evidencia el artículo 9 de la Ley 3/2007 que no permite penetrar en esos montes a los Agentes Forestales.

La Ley 3/2007 permitirá en pocos años en la Comunidad de Madrid un continuo de construcciones ilegales que influirán negativa y exageradamente en los montes madrileños y que posibilitará el crecimiento de incendios forestales, la peligrosidad de su extinción, el descontrol en las cortas y la imposible gestión del medio natural de la Comunidad de Madrid.

 

21. Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.

Imposibilidad de prevenir, detectar y denunciar vertederos ilegales, depósitos ilegales de residuos tóxicos, vertidos de lodos etc. en montes de propiedad privada. La acumulación de sustancias de desecho conlleva graves situaciones de riesgo para la salud de las personas, bien por la posibilidad de aparición de focos de infección en caso de restos orgánicos, por la filtración de sustancias nocivas a las aguas de consumo humano o por el paso de estas sustancias a la cadena alimenticia.

Resulta especialmente contradictorio con la Ley 3/2007 los siguientes artículos de esta Ley de Residuos:

Artículo 66. Servicios de inspección y vigilancia de la Comunidad de Madrid.

1. Las funciones de vigilancia e inspección ambiental de la Comunidad de Madrid de las actividades sujetas a esta Ley se llevarán a cabo por los Agentes Ambientales, los Agentes Forestales en los términos previstos en la Ley 1/2002, de 27 de marzo, de creación del Cuerpo de Agentes Forestales, y demás personal oficial designado para realizar labores de vigilancia e inspección medioambientales.

2. Este personal, en el ejercicio de sus funciones, gozará de la consideración de Agentes de la Autoridad, estando facultados para acceder a aquellos lugares e instalaciones donde se desarrollen las actividades mencionadas en esta Ley, previa identificación y sin necesidad de aviso previo.

3. (…)

4.(…)

Artículo 67. Actas de Inspección.

El resultado de la vigilancia, inspección o control se consignará en el correspondiente acta o documento público que, firmado por el agente de la autoridad y con las formalidades exigidas, gozará de presunción de veracidad y valor probatorio en cuanto a los hechos consignados en el mismo, sin perjuicio de las demás pruebas que los interesados puedan aportar en defensa de sus respectivos intereses. Del citado documento se entregará copia al interesado.

Artículo 68. Deber de colaboración.

Los titulares, responsables o encargados de las actividades que sean objeto de vigilancia o inspección, están obligados a permitir el acceso de los funcionarios debidamente acreditados y a los asesores técnicos, mencionados en el artículo 66 de esta Ley, para el ejercicio de sus funciones, así como a prestarles la colaboración necesaria para la realización de exámenes, controles, tomas de muestras y cualquier otra operación que sea necesaria para su desarrollo, facilitando cuanta información y documentación les sea requerida a tal efecto.

 

21. Orden 3359/2007, de 31 de diciembre, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se convocan para el año 2008 subvenciones para la ejecución de obras y trabajos de repoblación forestal en montes de titularidad privada en la Comunidad de Madrid.

Cada año se publica una Orden como la mencionada. Se otorgan subvenciones a particulares para obras forestales. Para controlar los trabajos realizados y subvencionados se exige, por la Ley 3/2007, autorización judicial.

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