APAF-Madrid (Asociación Profesional de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid)

Noticias sobre los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid impide entrar a sus agentes forestales en montes privados sin autorización judicial

Versión publicada en la Revista Montes, Primer Trimestre 2008 - Nº 92

A continuación la Versión extendida del artículo de opinión publicado en la Revista Montes, Primer Trimestre 2008 - Nº 92

INTRODUCCIÓN

Trataremos de exponer aquí nuestro punto de vista, como agentes forestales, de la situación generada durante los últimos meses, desde la entrada en vigor la Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid, y más concretamente su artículo 9, por el que los agentes forestales requerirán de autorización judicial para el acceso a los montes, salvo para la extinción de incendios forestales, hasta su paralización cautelar por el Tribunal Constitucional, efectiva desde el 3 de diciembre al admitirse a tramite el Recurso de Inconstitucionalidad número 8405-2007 promovido por el Presidente del Gobierno, en relación con el citado artículo.

La Comunidad de Madrid impide entrar a sus agentes forestales en montes privados sin autorización judicial

Aunque el contenido del artículo pueda parecer obvio, tratándose de un foro especializado en la materia como es esta revista, no lo hemos considerado así a la vista de las opiniones de algunas personas vinculadas al sector forestal que, posiblemente confundidos por el revuelo político generado en torno a este asunto, parecen comprender o incluso justificar esta medida.

Lejos de rebatir aquí los argumentos políticos utilizados a favor del citado artículo, queremos hacer constar que el artículo 33 de la Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada, con la indicación de que la función social de este derecho delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.

De esta forma, los poderes públicos se aseguran la potestad de inspección en las materias sobre las que se legisla. Así, toda normativa incluye un apartado que establece las infracciones a la misma, su sanción, y la competencia para la inspección y control, encomendando estos últimos a un personal especializado de la Administración. Esta es la garantía que tenemos como ciudadanos de que las leyes se cumplen y se hacen cumplir, en residencias de ancianos, restaurantes, locales de trabajo o industrias de todo tipo y, cómo no, también en los montes.

Son los agentes forestales los encargados de la policía, custodia y vigilancia para el cumplimiento de la normativa legal aplicable en la Comunidad de Madrid de todo aquello que afecte al medio ambiente natural, y para desarrollar las funciones encomendadas en esta legislación, evidentemente deben acceder a los montes con independencia de quién sea su titular. Con todo esto, parece claro que exigir una autorización judicial para entrar en un monte de titularidad privada, que no es –no lo olvidemos- un domicilio, lo único que hace es dificultar enormemente lo mandado en el artículo 45 de la Constitución a los poderes públicos, que es el control e inspección de estos bienes así como que buena parte de la legislación sectorial quede en papel mojado, condicionada a los intereses particulares de cada propietario. Entonces ¿Qué sentido tiene nuestro trabajo y el del resto del colectivo?

Para no extendernos demasiado describiendo todas y cada una de las actuaciones y competencias afectadas por esta ley, hemos optado por referirnos únicamente a las que se han considerado de mayor trascendencia o que dan una imagen más esclarecedora de la situación: el urbanismo ilegal, los incendios forestales, la actividad cinegética, y el apoyo a la gestión técnica.

EL PROBLEMA DEL URBANISMO ILEGAL

El principal foco distorsionador es, sin duda, el fenómeno del urbanismo ilegal, o si se quiere, los delitos contra la ordenación del territorio. Se abre aquí un campo espinoso para las administraciones competentes, dado lo impopular, todavía entre amplios sectores de la sociedad, de las medidas a adoptar para la erradicación de este fenómeno, sobretodo en lo referente a la resolución del expediente sancionador, concretamente a la obligación de restaurar el medio a su estado original. Si bien es cierto que viene siendo un problema a nivel nacional desde hace varias décadas al que todavía no se le ha puesto freno, en la Comunidad de Madrid, dada la gran densidad de población y la cercanía de grandes zonas urbanas, adquiere especial relevancia.

Así, cabe mencionar la problemática tanto de las urbanizaciones ilegales como de las construcciones aisladas en suelo no urbanizable. Se trata de delitos contra la ordenación del territorio (artículo 319 del Código Penal) que sin embargo no son tratados como tales por las Administraciones encargadas de su inspección y control. Las denuncias recibidas por éstas, con un elevadísimo porcentaje de ellas realizadas por los agentes forestales, lejos de ser remitidas a los Juzgados como debieran, se tramitan como simples infracciones administrativas que, en caso de resolverse, sólo excepcionalmente concluyen con la demolición de la construcción, quedando en la mayoría de los casos en una mera sanción administrativa.

Urbanización ilegal en terreno forestal dentro del Espacio Natural Protegido “Parque Regional del Sureste” en la Comunidad de Madrid

Con estas premisas, el problema no sólo no se frena, si no que no deja de crecer, incluso dentro de espacios naturales protegidos; valga como ejemplo la foto que se adjunta de una urbanización ilegal en terreno forestal dentro del Espacio Natural Protegido “Parque Regional del Sureste” en la Comunidad de Madrid.

Ante esta situación, son cada vez más los denunciantes que optan por acudir directamente a los Juzgados y Fiscalía especializada, amparados en su condición de Policía Judicial que les otorga la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Paralelamente a esto, cabe destacar la cada vez mayor cooperación entre los colectivos de agentes forestales y las Fiscalías especializadas en toda España, con importantes avances en la persecución de este tipo de delitos, como reconoce la última Memoria de la Fiscalía General del Estado.

Aunque pudiera parecer un problema ajeno al sector forestal, no lo es en absoluto, dadas las negativas consecuencias derivadas de su falta de control, empezando por la propia pérdida del carácter forestal de los terrenos afectados: generación de gran número de incendios desde estas áreas, afecciones sobre la fauna por tendidos eléctricos o vallados, problemas de gestión de residuos, vertidos, etc.

Las actuaciones que han venido realizando los agentes forestales para denunciar estos delitos se ven ahora limitadas con esta ley, de manera que no es posible llevar a cabo una paralización cautelar de las obras cuando estas se encuentran en su primera fase, lo que en muchos casos evitaría el daño que genera. Eso por no hablar de terrenos forestales de mayor extensión, en las que muchas veces ni siquiera se podrán detectar dichas actuaciones, dada la imposibilidad de comprobar lo que está ocurriendo dentro del monte.

INCENDIOS FORESTALES

Más grave, si cabe, que el problema anterior, es el de los incendios forestales en todas sus fases, prevención, detección, extinción e investigación. Entre ellos, es de destacar la función esencial de reconocimiento previo del terreno dentro del operativo de extinción. Se pone en un gravísimo riesgo a todos los medios de extinción al impedir que este personal pueda reconocer el terreno previamente a la ocurrencia del incendio. Para los forestales de nueva incorporación, el problema no sería ya reconocer si no conocer el terreno en el que habrán de actuar y tomar decisiones que afecten a la seguridad de las personas. La Comunidad de Madrid impide entrar a sus agentes forestales en montes privados sin autorización judicial

También se dificulta enormemente la investigación de los incendios, que había experimentado una fuerte mejora en los últimos años, llegándose al 100% de incendios investigados en la campaña 2006.

Al no poder permanecer en el lugar desde el mismo momento en que se declare extinguido el incendio, tanto la prueba material (localización del punto de inicio y medio de ignición) como la personal (declaración de testigos) quedan postergadas durante meses, lo que dificulta enormemente, por no decir que imposibilita definitivamente el esclarecimiento de los hechos y de sus responsables.

La Comunidad de Madrid impide entrar a sus agentes forestales en montes privados sin autorización judicial

CONTROL CINEGÉTICO

Uno de las principales preocupaciones en lo relativo al ejercicio de la actividad cinegética es su posible afección sobre especies protegidas, generalmente las especies depredadoras de las cinegéticas. La actividad inspectora de la Administración se viene realizando con un enfoque preventivo y disuasorio, existiendo una notoria dificultad para detectar y sancionar las infracciones y delitos, dada la ingente superficie de terrenos a cubrir.

La Comunidad de Madrid impide entrar a sus agentes forestales en montes privados sin autorización judicial Al imposibilitarse la inspección sobre la mayor parte de terrenos, se decreta la impunidad más absoluta para todo tipo de atropellos contra la fauna protegida, desde expolio de nidos hasta uso de venenos, práctica esta última con gran auge en los últimos años en Madrid y contra la que empezaba a dar buenos resultados el Programa Antídoto, en cuyas conclusiones para el año 2007 se rechaza firmemente el artículo 9 de la Ley 3/2007 al considerarlo un serio freno a las labores preventivas y de control que debe realizar la Administración.

APOYO A LA GESTIÓN

La supervisión a pie de monte de las distintas solicitudes de trabajos forestales, obras y proyectos, públicos y privados que se realizan en las comarcas, autorizados por los técnicos de gestión, para la comprobación del cumplimiento de los criterios marcados por estos, no puede llevarse a cabo dado que se requiere una autorización imposible de obtener.

Al imposibilitarse la inspección sobre la mayor parte de terrenos, se decreta la impunidad más absoluta para todo tipo de atropellos contra la fauna protegida, desde expolio de nidos hasta uso de venenos, práctica esta última con gran auge en los últimos años en Madrid y contra la que empezaba a dar buenos resultados el Programa Antídoto, en cuyas conclusiones para el año 2007 se rechaza firmemente el artículo 9 de la Ley 3/2007 al considerarlo un serio freno a las labores preventivas y de control que debe realizar la Administración.

¿Qué juez va a conceder una autorización judicial para inspeccionar un aprovechamiento de leñas, un permiso de quemas o una repoblación? ¿Debe la Administración de Justicia, con su crónica saturación, ocuparse de este tipo de asuntos? No se trata de delitos, sino simplemente actividades que la Administración autoriza en base a unos criterios técnicos y que precisan un seguimiento para comprobar su correcta ejecución.

Por otro lado, buena parte de las solicitudes de los particulares no pueden ser atendidas en los plazos adecuados, con el consiguiente trastorno para los mismos.

CONCLUSIÓN

Si bien al valorar el artículo de la ley todos pensamos en grandes terrenos forestales, vallados o no, que pertenecen a un único propietario, el problema generado es muchísimo mayor si se piensa en los terrenos constituidos por mosaicos de multitud de pequeñas parcelas forestales y agrícolas, pertenecientes a infinidad de pequeños propietarios, que abundan por la geografía madrileña, y atravesadas por caminos cuya titularidad muchas veces no está clara ni para los propios Ayuntamientos, lo que provoca una clara indefensión del funcionario en el ejercicio de sus competencias, al no poder saber siquiera si está incumpliendo la Ley al transitarlos. De hecho, no han tardado en aparecer los primeros casos de denuncias por este tipo de situaciones.

Podrían enumerarse bastante más aspectos del día a día perjudicados por la citada Ley así como situaciones paradójicas que imposibilitan el acceso del Agente Forestal a enclaves a los que accede el más común de los mortales, si bien creemos que con lo expuesto basta para mostrar que la Ley no sólo no moderniza el funcionamiento de la Administración, sino que genera una enorme inseguridad jurídica en el quehacer diario de los miembros del Cuerpo de agentes forestales y, lo que es más importante, son tremendamente claros y evidentes los efectos perjudiciales que su aplicación está generando sobre el medio ambiente y sobre su principal beneficiaria, la sociedad madrileña, frente a unos beneficios que, sinceramente, no somos capaces de vislumbrar.

Por otro lado, cabe mencionar que el ataque lo es contra todo el colectivo del que formamos parte tanto agentes forestales como técnicos de la Administración, ya que a todos nos afecta, en mayor o menor medida, para el desarrollo de nuestras competencias. Desgraciadamente muchos no lo han visto así, y en la Comunidad de Madrid los agentes forestales han sido abandonados a su suerte por el resto del colectivo, y ya se han empezado a pagar las consecuencias de esta falta de visión.

Con fecha limite del 29 de marzo, el Tribunal Constitucional deberá decidir si mantiene la suspensión cautelar del artículo que impide entrar a los agentes forestales de la Comunidad de Madrid en montes privados sin autorización judicial hasta que dicte sentencia dentro de unos años. Esperamos, por el bien de los montes madrileños que se mantenga.

El medio ambiente debe quedar lejos de los avatares políticos, nos va en ello nuestra profesión y futuro.

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