APAF-Madrid (Asociación Profesional de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid)

Noticias sobre los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid

Peor para todos

El conflicto de los forestales provoca una reducción del 67% en el número de denuncias

El Mundo 23/12/2007, autor Pedro Blasco.

“Los agentes forestales requerirán de autorización judicial para acceder a montes o terrenos forestales de titularidad privada, salvo que el acceso se produzca con ocasión de la extinción de incendios forestales”. Este artículo 9 de la Ley 3/2007 de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comuni­dad de Madrid ha provocado un lió inmenso. Por los primeros datos que se conocen de la aplicación de la ley, todos: Administración, forestales y, sobre todo, el medio ambiente, pierden.

Los forestales madrileños, especialmente el sindicato independiente y mayoritario SAFTAM, advirtió que la medida iba a provocar problemas en la defensa del medio natural. El Ministerio de Medio Ambiente ha aprovechado lícitamente el conflicto y se ha alineado con los sindicatos para atacar al Gobierno regional. Incluso ha pedido datos a los sindicatos para iniciar una ofensiva contra la Comunidad de Madrid en pleno periodo electoral.

«PEOR PARA TODOS»

La actual situación de conflicto entre los forestales y la Administración provoca una reducción del número de denuncias

Fuentes del SAFTAM indicaron a este periódico que, desde la aprobación de la Ley de Medidas Ur­gentes, el trabajo diario de los agentes forestales se está viendo afectado y paralizado de forma considerable, ya que en su opinión “se impide el trabajo en montes o terrenos forestales de titularidad privada”.

Se estima que el 70% del territorio de la Comunidad de Madrid es privado. Y se calcula que los forestales no pueden aplicar un total de 65 normas de diferente rango en estas zonas.

La primera prueba de que algo está pasando y que deben producirse acercamientos entre las partes para solucionar el problema es el número de denuncias que ha interpuesto el Cuerpo de Agentes Forestales durante los meses que lleva de vigencia la ley. Según los datos que ya tiene en su poder la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se calcula que el número de denuncias del 1 de agosto al 3 de diciembre se ha reducido en un 67 %.

Los forestales realizan sus denuncias en cuestiones como la caza, pesca, incendios forestales, aprovechamiento de montes, circulación de vehículos, construcciones ilegales, residuos y venidos y obstrucción a la labor inspectora.

Los agentes señalan que, si se obliga a solicitar la orden judicial, se van a producir miles de agresiones al medio ambiente sin que puedan hacer nada o “lo peor, cuando podamos hacer algo ya será tarde”. La lentitud tradicional de la Justicia española se ha convertido ya en un enemigo del medio ambiente debido al elevado número de solicitudes que exige la actuación de las personas sobre el medio natural.

Se calcula que sólo en ocho de las 15 comarcas en las que está dividida la Comunidad de Madrid se han solicitado desde el mes de agosto 13.392 autorizaciones judiciales. Haciendo una extrapolación se puede asegurar, sin temor a error, que en total las solicitudes han sido de 25.000.

Estas solicitudes se han referido a control de caza, aprovechamientos forestales, inspección de incendios, construcciones en terrenos forestales y control de flora y fauna protegida. Se da la circunstancia de que dos jueces, uno de Alcobendas y otro de Colmenar Viejo, se han pronunciado sobre el asunto señalando que no son competentes para este tipo de actuaciones; cuatro de ellas, por tanto, han sido tramitadas por los juzgados de lo contencioso-administrativo.

Vistas las cosas que han sucedido desde la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes se puede asegurar que, hasta la fecha, la norma no ha sido positiva para nadie, a lo que hay que añadir que se han paralizado muchas de las funciones de la gestión forestal como las cortas, quemas, aprovechamientos, control cinegético, etc... A todo esto hay pen­diente un recurso de anticonstitucionalidad admitido a trámite por el alto tribunal.

Resto de España

Los forestales señalan que en el resto del Estado ningún agente de la autoridad, incluidos los forestales, tiene restringido el acceso a los montes privados. De hecho, en la Comunidad de Madrid la Guardia Civil puede acceder libremente a cualquier monte mientras sus compañeros forestales no. Respecto a la entrada de los forestales en las piscinas, no son sus competencias el uso y su gestión. Entre tanto conflicto, el presidente de la Asociación Española de Agentes Forestales de España, José Fernando Almansa, ha enviado cartas a la presidenta de la Comunidad. Esperanza Aguirre, y a la consejera de Medio Ambiente, Beatriz Elorriaga, en las que señala que “no puede mantenerse indefinidamente el desencuentro entre la autoridad y sus agentes” y apela al entendimiento de todas las partes para encontrar soluciones, algo que comparte el SAFTAM, sindicato mayoritario en Madrid.

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