Noticias sobre los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid

La Comunidad dificulta aún más el trabajo de los agentes forestales

La consejería les impide ahora pedir directamente la orden judicial para entrar en los montes

Fuente: El Pais  01/09/2007, Autora: Soledad Alcalde.

La burocracia complica aún más el trabajo de los agentes forestales. La Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno -la primera norma aprobada por el Gobierno de Esperanza Aguirre en su segundo mandato- impuso el pasado julio a los 250 agentes de la región la obligación de tener autorización judicial para entrar en los montes o terrenos forestales de titularidad privada. Ahora la Consejería de Medio Ambiente les niega también la posibilidad de que acudan directamente al juzgado de guardia para pedir esa autorización, necesaria para hacer sus labores.

La Constitución no protege la inviolabilidad de la propiedad privada", dice Nolla

Una juez se declara incompetente para autorizar la entrada a una finca forestal

Una orden interna del pasado 23 de agosto, firmada por el jefe del Cuerpo de Agentes Forestales, José Luis Monleón, informa de que la tramitación de la autorización judicial se "realiza a través de la Secretaría General Técnica". La solicitud, agrega el documento, "se canaliza a través de la Jefatura del Cuerpo, que la remite vía Dirección General del Medio Natural a la Secretaria General Técnica para su envío al juzgado correspondiente". Es decir, debe pasar antes por los cargos políticos de la consejería.

Este sistema contrasta con el utilizado por la Guardia Civil o la Policía Nacional, que tramitan la autorización a través de su unidad y no del Ministerio del Interior, del que dependen. "Es el jefe de la unidad competente, sea el de la Policía Judicial o de un cuartel de la Guardia Civil, el que con el sello y firma de la unidad pide al juzgado la autorización correspondiente", explicó ayer un portavoz del instituto armado.

La Consejería de Medio Ambiente replicó que el sistema se ha impuesto precisamente para "centralizar y agilizar" las peticiones, según un portavoz. "La Secretaría General Técnica es la encargada en la Administración de las relaciones con los tribunales", puntualizó. "Todas las peticiones que han hecho hasta ahora los forestales se han enviado a los juzgados".

Los agentes consultados consideran que esta tramitación supone dar un rodeo burocrático que les impide aún más hacer sus labores de inspección.

Por si fuera poco, un juzgado de instrucción de Alcobendas ya ha mostrado su falta de competencia para autorizar a los agentes forestales la entrada en los montes y bosques privados. Un auto del pasado 20 de agosto (tres días antes de la orden interna de la consejería), dictado por la juez María Verónica Caravantes, notifica al Cuerpo de Agentes Forestales que no tiene competencias para dar la autorización judicial de entrada a unos terrenos forestales porque éstos no son un domicilio. Los forestales habían solicitado el permiso para poder investigar las causas del incendio de una finca.

La juez argumenta que en la petición "en modo alguno consta que se pretenda la entrada en lugar cerrado, respecto del que se pudiera resultar afectado el derecho previsto en el artículo 18 de la Constitución". Este artículo protege el derecho al domicilio, que es inviolable: "Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito". El auto sostiene así que no se puede equiparar el domicilio con una propiedad privada. Además, la juez afirma que tampoco existe "procedimiento penal en curso, ni la solicitud pretende justificar su incoación de manera que no se solicita, en puridad, la práctica de una diligencia de investigación criminal".

La justificación que da la juez Caravantes ya la hizo valer en la Asamblea de Madrid el diputado socialista Modesto Nolla cuando defendió que el texto legal no se aprobara. "La Constitución protege la inviolabilidad del domicilio, no de la propiedad privada. Las fincas a las que acceden los agentes no son domicilios, salvo que consideren que es el de las águilas imperiales a las que protegen", aseveró el pasado 19 de julio.

No fue el único que se opuso a esta polémica ley, que ha levantado las protestas de organizaciones ecologistas, sindicatos, PSOE e IU. Hasta el Ministerio de Medio Ambiente ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Pero quienes más se han quejado de la nueva norma han sido los representantes sindicales de los forestales, CC.OO., U.G.T. y el Sindicato de Agentes Forestales y Técnicos Auxiliares Medioambientales (SAFTAM).

No sólo denuncian que con la nueva ley sus labores de prevención de delitos ecológicos se ven mermados por la necesidad de una autorización judicial, sino que en agosto se querellaron contra sus responsables, el director general de Medio Natural, Miguel Allué, y el jefe del Cuerpo de Agentes Forestales, Monleón. Les acusan de "prevaricación y coacciones" por una orden interna emitida en noviembre de 2006, antes de la nueva ley regional, en la que les prohíben remitir a la justicia las denuncias de los delitos que descubran. Según dicen, esa orden anula su capacidad inspectora.

• < Anterior
• Siguiente >