APAF-Madrid (Asociación Profesional de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid)

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Sentencia del Tribunal Constitucional a favor de la policía administrativa forestal que desempeñan los Agentes Forestales

Sentencia del Tribunal Constitucional a favor de la policía administrativa forestal que desempeñan los Agentes ForestalesSucedió en Madrid y en al año 2007 pero podría haber ocurrido en cualquier otra Comunidad y en otro momento. Tal vez Madrid sufrió ese protagonismo por encabezar por entonces parte del desarrollo del colectivo de Agentes Forestales, por crecer jurídicamente, por mejorar sus medios hasta el punto de que algunos se asustaron o entendieron que ese camino no convenía transitarlo.

Lo cierto es que en el verano de 2007 el gobierno de la Comunidad de Madrid decidió que los Agentes Forestales no podrían entrar en las fincas privadas. Coartó así de raíz todas y cada una de las funciones propias propuestas en la Ley de creación del Cuerpo que, curiosamente, había sido promulgada bajo responsabilidad del mismo partido político.

La exigencia de autorización judicial a los Agentes Forestales para entrar en las fincas privadas no tuvo en aquel momento explicación ni motivación alguna y únicamente tras el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno pudimos atender a las valoraciones presentadas por el representante de la Asamblea de la Comunidad de Madrid y el Letrado que representaba a la Comunidad.

Se pueden destacar numerosas cuestiones interesantes sobre aquella medida pero hemos de destacar básicamente una. Por lo que implica. Por lo que se reconoce en ella.

Justificaba el Letrado de la Comunidad, que representaba al Gobierno que promulgó la restricción a los Agentes Forestales, que la medida trataba de armonizar la protección del medio ambiente con el principio de seguridad jurídica, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la propiedad privada.

La sentencia del Tribunal Constitucional contesta oportunamente a estas justificaciones y las rechaza pero es bueno preguntarse por ellas.

Es cierto que únicamente eran los Agentes Forestales los sujetos que estaban bajo responsabilidad de ese Gobierno pero todos conocemos que en esas fincas privadas entraban los Agentes Forestales y entraba la Guardia Civil (SEPRONA) ¿Qué falla en todo este planteamiento?¿Qué sentido tiene impedir el paso a unos por mor de esa justificación si otros con el mismo cometido van a poder entrar? La justificación se cae por su propio peso e incluso aparece, sin necesidad de gran agudeza, una explicación ulterior. Una medida que finiquitaba a sus propios funcionarios y permitía, sin embargo, el desempeño de otros con las mismas potestades a los que, a la vez, aún perteneciendo a otra Administración, se les entregaban recursos y medios.

¿Se pretendía proteger la inviolabilidad del domicilio? Evidentemente no. No ya porque el TC no ha considerado domicilio lo que no es si no porque en este caso la valoración es otra más singular, no tan genérica. Se pretendía impedir el paso al Agente Forestal.

La sentencia del Tribunal Constitucional pone las cosas en su sitio. Despejemos hacia un lado cuestiones fundamentales como las mencionadas de inviolabilidad del domicilio y respeto y derecho a la propiedad privada. Han quedado aclaradas en el medio natural. Quedémonos con la sustancia que nos rodea a los Agentes Forestales y que fue, primero, la causa de esa modificación legislativa contraria a la lógica y, después, también la justificación de la sentencia del Tribunal Constitucional. Nuestras potestades jurídicas, aquellas que vía Ley Estatal nos permiten entrar en las fincas privadas para ejercer un mandato claro, velar por el cumplimiento de otras muchas leyes.

Año tras año, observamos como se intenta menoscabar la regulación jurídica que otorga seguridad y responsabilidades profesionales a los Agentes Forestales. Una sentencia del Tribunal Constitucional establece que los Agentes Forestales pueden entrar a las fincas privadas y lo hace porque en la raíz del asunto comprende de inmediato lo que somos y entiende esa entrada como una obligación y una prestación para el bien general.

El interés particular puso en duda el interés general pero este sale airoso. El Gobierno actual de la Comunidad de Madrid no ha tardado en devolver la situación a su inicio. Es el momento de que entendamos todos cuales son las potestades jurídicas y funciones que desempeñan los Agentes Forestales.

Es hora de que algún colectivo olvide las afrentas normativas y comprenda que si entramos a las fincas privadas es porque tenemos una regulación jurídica semejante a la suya.

El Tribunal Constitucional, intérprete supremo de la Constitución, sentencia que es norma básica la facultad de acceder sin restricciones a los montes y permanecer en ellos, a efectos del cumplimiento de las funciones de policía administrativa forestal que desempeñamos los Agentes Forestales.

A pesar de tantas trabas, la Policía Medioambiental ejercida por los Agentes Forestales sigue adelante. Seguiremos en el empeño.

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