APAF-Madrid (Asociación Profesional de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid)

Noticias sobre los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid

Ley contra la Naturaleza

Las numerosas declaraciones hechas por miembros del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid manifiestan un total desconocimiento de las atribuciones y potestades de los agentes forestales, en particular, y de la legislación estatal básica en general. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Montes o la propia Constitución no parecen tener cabida en la biblioteca de nuestros gobernantes.

La propiedad privada está garantizada en la Constitución y no resiste planeamiento jurídico alguno que se la enmiende desde la Comunidad de Madrid.

No parece preocuparse, sin embargo, nuestro gobierno por hacer cumplir la legislación medioambiental a los propietarios de grandes fincas que serán realmente los beneficiarios de este Proyecto de Ley 1/2007, por no pensar que son los presuntos inductores, una minoría frente a toda la sociedad. Nadie podrá entrar en sus fincas e inspeccionarlas. Veneno, urbanismo ilegal, caza furtiva, eliminación de especies protegidas, contaminación de aguas, investigación de incendios forestales, pueden quedar impunes con este Proyecto insensato.

Los Agentes Forestales, encargados de prevenir y vigilar durante los últimos 130 años los delitos e infracciones en el monte, se ven imposibilitados por la Administración regional para prevenir y hacer cumplir las normas medioambientales. Ningún Agente Forestal ha entrado en domicilio particular alguno como pretende hacer creer el gobierno de la Comunidad de Madrid. Es tan sencillo de entender como que el monte no es domicilio particular. Lo dice la Ley.

Gracias a ellos y a otros colectivos forestales hemos heredado el medio natural que tenemos y que desgraciadamente poco podremos disfrutar en el futuro. Esta Ley, que se pretende imponer, acaba con el derecho de nuestro hijos a disfrutar, a conocer un medio natural en la Comunidad de Madrid, principio fijado en el artículo 45 de nuestra Carta Magna, la Constitución.

La Ley 1/2007, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 6 / 9 de julio de 2007) es el cáncer que acabará con el medio natural madrileño, sino lo evitamos, que quita todas las potestades jurídicas a los Agentes Forestales creando una total indefensión a nuestro patrimonio natural.

Ningún juez entenderá esta Ley si entiende de medio ambiente. Les priva esta Ley de 240 colaboradores, les coarta, interpone su decisión no para defender el medio natural y si para impedir su defensa. Es una Ley contra la naturaleza.

Autorización judicial, negación de la atribución de Policía Administrativa Especial, del carácter de Agente de la Autoridad y de policía judicial en sentido genérico, buscan únicamente salidas ventajosas al delincuente y desprotegen al que acata y cumple la Ley.

Aceptada, en cualquier caso, tamaña barbaridad legislativa, las más de 150 actuaciones diarias del cuerpo de Agentes forestales generarían más de 50.000 autorizaciones judiciales anuales, que colapsarían nuestro sistema judicial.

Todas las leyes medioambientales quedan vacías de contenido, si los garantes de su cumplimiento desaparecen. Posiblemente sea este el camino más fácil para eliminar una legislación que parece estorbar a aquel que pretende ocupar el medio natural impunemente y con pretensiones devastadoras.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido eliminar a los 240 Agentes Forestales que prestan servicio en la Comunidad. Curiosamente asistiremos a la contratación de cuatro veces más vigilantes privados que nada podrán hacer por salvaguardar el medio natural de la Comunidad al no disponer de potestades ni argumentos legales para hacerlo.

Los Agentes Forestales no queremos que se cometa tamaña ilegalidad, la negociación no existe a la hora de aplicar las leyes, curiosas son las manifestaciones en los medios de comunicación del Gobierno y de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Desde su interesado desconocimiento buscan confundir al ciudadano.

De acuerdo con la Constitución el Gobierno de Esperanza Aguirre debería transponer al ordenamiento jurídico madrileño la normativa básica estatal, como es la Ley de montes. Y lo debe hacer, al nivel que se marca en ella o desarrollando lo prescrito en su contenido. En ningún caso disminuyéndolo.

SOLO QUEREMOS TRABAJAR.
Defender el medio natural de la Comunidad. Y no nos dejan.

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