APAF-Madrid (Asociación Profesional de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid)

Régimen Jurídico de los Agentes Forestales

Régimen Jurídico de los Agentes Forestales

pdf Texto completo del Régimen Jurídico de los Agentes Forestales

8.- OTRAS CONSIDERACIONES.

La Constitución Española, en su artículo 45, dice:

“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

Para el establecimiento de la sanciones por el órgano competente, que establece el apartado 3 de nuestra “Carta Magna”, previamente se hace necesaria la vigilancia y policía del cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico. Los Agentes Forestales, entre otros Cuerpos policiales, están obligados y facultados para ello; pero al mismo tiempo deben ajustarse, con las formalidades pertinentes, al cumplimiento estricto de dicho ordenamiento, y no olvidar, ni ellos ni aquellos que tienen obligación legal de gestionarlos, que llegado el caso les es de aplicación, entre otra normativa, lo establecido en el Código Penal, Ley Orgánica 10/1995, cuando en su Título XIX “Delitos contra la Administración Pública”, Capítulo II, “Del abandono de destino y de la omisión del deber de perseguir delitos”:

“Artículo 408.

La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.”

Artículo que hay que poner en relación con el art 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal según el cual según el cual:

“Inmediatamente que los funcionarios de Policía judicial tuvieren conocimiento de un delito público, o fueren requeridos para prevenir la instrucción de diligencias por razón de algún delito privado, lo participarán a la Autoridad judicial o al representante del Ministerio fiscal, si pudieren hacerlo sin cesar en la práctica de las diligencias de prevención. En otro caso lo harán así que las hubieren terminado.”

Y asimismo, el Capítulo III del mismo Título XIX del Código Penal “De la desobediencia y denegación de auxilio” que dispone:

“Artículo 410.

1. Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirán en responsabilidad criminal las autoridades o funcionarios por no dar cumplimiento a un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de ley o de cualquier otra disposición general.

Artículo 412.

1. El funcionario público que, requerido por autoridad competente, no prestare el auxilio debido para la Administración de justicia u otro servicio público, incurrirá en las penas de multa de tres a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

2. Si el requerido fuera autoridad, jefe o responsable de una fuerza pública o un agente de la autoridad, se impondrán las penas de multa de doce a dieciocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de dos a tres años.

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