APAF-Madrid (Asociación Profesional de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid)

Régimen Jurídico de los Agentes Forestales

Régimen Jurídico de los Agentes Forestales

pdf Texto completo del Régimen Jurídico de los Agentes Forestales

5.- POLICÍA JUDICIAL GENÉRICA

La Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, su artículo 547, dispone:

“La función de la Policía Judicial comprende el auxilio a los juzgados y tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes. Esta función competerá, cuando fueren requeridos para prestarla, a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto si dependen del Gobierno central como de las comunidades autónomas o de los entes locales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias.”

Este precepto configura lo que alguna doctrina cualificada ha dado en llamar “Policía judicial genérica” o “de primer grado” por la inexigencia de especialización y exclusividad a los funcionarios que tiene encomendado su ejercicio. (Consulta 2/99).

La atribución legal se presta de todos modos a la duda interpretativa y viene marcada por cierta polémica, pues cabe entender que el art. 547 LOPJ crea un monopolio de la función a favor de los Cuerpos y fuerzas de Seguridad determinante en su caso de la derogación tácita del artículo 283 LECr. y en consecuencia de la depuración de todas aquellas Autoridades y funcionarios enumerados en la Ley Procesal que no estuvieren coetáneamente incorporados a algunos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

En el contexto histórico e institucional en el que nace la norma, sin embargo, este pretendido monopolio no se correspondía con la realidad social porque seguían existiendo Autoridades y funcionarios no integrados en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que tenían atribuidas y ejercían con legitimidad y eficiencia la función de investigación de delitos sustentada en habilitación legal que les confería al respeto el articulo 283 LECr., 1º, 7º y 9º.

Conceptualmente tampoco se puede afirmar que se de una incompatibilidad de normas entre LOPJ y LECr. que motiva la derogación tácita de la ley anterior en los términos del artículo 2.2 del Titulo Preliminar del Código Civil, pues si se considera que la LECr. es la norma que regula específicamente el procedimiento penal, y en particular la instrucción sumarial y preprocesal y la actuación de Jueces; Fiscales y auxiliares policiales en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los culpables, es obvio que detenta por su especificidad un título prevalente para atribuir el ejercicio institucional de la función de Policía judicial sobre el que concurre en la LOPJ cuya regulación se centra en aspectos adjetivos de organización y funcionamiento que por su propia naturaleza ni delimitan ni agotan la materia.

Así pues, el marco legal de referencia al que se remite el art. 126 CE como definidor de los términos en que se debe mover el desempeño de la función de Policía judicial comprende, no excluye, al precedente Art. 283 LECr. Cuya vigencia no se ve comprometida en este punto por la entrada en vigor de la CE y de la LOPJ.” (Consulta 2/99).

Pero además, el Real Decreto 769/1987 sobre Regulación Policía Judicial, posterior a la entrada en vigor de la LOPJ, en su artículo 1, salvaguarda lo establecido en la LECr. cuando determina que:

“Las funciones generales de policía judicial corresponden a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cualquiera que sea su naturaleza y dependencia, en la medida en que deben prestar la colaboración requerida por la Autoridad Judicial o el Ministerio Fiscal en actuaciones encaminadas a la averiguación de delitos o descubrimiento o aseguramiento de delincuentes, con estricta sujeción al ámbito de sus respectivas competencias, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

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