Régimen Jurídico de los Agentes Forestales

Régimen Jurídico de los Agentes Forestales

Texto completo del Régimen Jurídico de los Agentes Forestales

1.- UN POCO DE HISTORIA

Alfonso XII, en el año 1887, crea los Capataces de Cultivo (actualmente Agentes Forestales), mediante la Ley de Repoblaciones Forestales. Dos años después se les autoriza a denunciar los daños que se causen en los bosques.

Previamente, en septiembre de 1882, había sido promulgada la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en su Artículo 283, dice:

“Constituirán la Policía Judicial y serán auxiliares de los Jueces y Tribunales competentes en materia penal y del Ministerio Fiscal, quedando obligados a seguir las instrucciones que de aquellas autoridades reciban a efectos de la investigación de los delitos y persecución de los delincuentes:

1º) Las autoridades administrativas encargadas de la seguridad pública y de la persecución de todos los delitos o de algunos especiales.

2º) Los empleados o subalternos de la policía de seguridad, cualquiera que sea su denominación.

3º) Los Alcaldes, Tenientes de Alcalde y Alcaldes de barrio.

4º) Los Jefes, Oficiales e individuos de la Guardia Civil o de cualquier otra fuerza destinada a la persecución de malhechores.

5º) Los Serenos, Celadores y cualesquiera otros Agentes municipales de policía urbana o rural.

6º) Los Guardas de montes, campos y sembrados, jurados o confirmados por la Administración.

7º) Los funcionarios del Cuerpo especial de Prisiones.

8º) Los Agentes judiciales y los subalternos de los Tribunales y Juzgados.

9º) El personal dependiente de la Jefatura Central de Tráfico, encargado de la investigación técnica de los accidentes.”

En 1907, se hace especialmente preciso un Cuerpo que se ocupe de los montes y se crea, sustituyendo a los Capataces de Cultivo, el Cuerpo de la Guardería Forestal del Estado que estará regulado profesionalmente por el Reglamento de 1912. Este Reglamento, como consecuencia de los insultos, amenazas y agresiones físicas que sufren los Guardas Forestales, les faculta, a éstos, para:

“defenderse con el arma reglamentaría” y se señala la importancia de “impedir los abusos y daños, antes de denunciarlos.”

Durante la 2ª Republica Española se crea el Patrimonio Forestal del Estado. Los miembros del Cuerpo de Guardería Forestal Republicana serán, en ese momento, considerados Funcionarios Públicos. Por tanto se determina el acceso al Cuerpo mediante oposiciones y se declara oficialmente a los Guardas Forestales, Auxiliares de Orden Público.

Posteriormente, en el año 1941 se reforma profundamente el Patrimonio Forestal del Estado, mediante Decreto de 30 de diciembre y se aprueba el 2º Reglamento del Cuerpo de Guardería Forestal del Estado que será modificado en 1957 por el Decreto de 11 de julio.

En 1966 se aprueba mediante el Decreto 2481/1966, de 10 de septiembre, el Reglamento del Cuerpo Especial de la Guardería Forestal del Estado, que en ausencia de reglamentación profesional propia en las diversas comunidades autónomas se ha seguido aplicando supletoriamente, cuando ello ha sido posible, hasta nuestros días.

Este Reglamento del Cuerpo Especial de la Guardería Forestal del Estado determinaba el régimen jurídico y las facultades de los Guardas Forestales, cuando decía:

Artículo 45.

1. “Todos los individuos del Cuerpo de Guardería tendrán el carácter de Agentes de la Autoridad, siempre que se encuentre de servicio y ostenten su uniforme e insignias, debiendo ir provistos de documento que pueda acreditar en todo momento su personalidad y carácter.

2. Como elemento auxiliar de los servicios de Vigilancia y Seguridad del Estado, los Guardas cooperarán a la defensa del orden y de la seguridad general, con la sujeción a las disposiciones legales y a las circulares y bandos de los gobiernos Civiles.

3. Los guardas usarán el armamento reglamentario que por la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial se les asigne, siendo obligatorio ir provistos del mismo en todos los actos de servicio.”

Artículo 46.

“Los Guardas, como Agentes de la autoridad y como individuos de la Policía Judicial tienen el deber de intervenir en todos los hechos justiciables. A tal efecto, si se hallaren en el monte con alguna persona sospechosa le exigirán la documentación, y si no la tienen la conducirán al puesto más inmediato de la Guardia Civil para que se haga cargo de ella, recogiendo recibo como comprobante de su celo. Lo mismo harán con la persona o personas que encontraren delinquiendo.”

Artículo 49.

1. “Los Guardas vigilarán constantemente el monte o montes que constituyan su cuartel, zona o comarca, guardando los linderos exteriores e interiores, vigilando la ejecución de los aprovechamientos y mejoras que se realicen, haciendo efectivo los acotamientos denunciando toda clase de daños, abusos e infracciones que sorprendieran, no solamente en los montes sometidos a su custodia, sino también en cualquier otro que se encontraren.”

Artículo 50.

1. El personal de Guardería procurará ejercer sus funciones de vigilancia de tal modo que, a ser posible, evite los daños o abusos, impidiendo la entrada de los dañadores en vez de esperar a que los cometan para denunciarlos.

Y en el siguiente artículo no solo prescribe como deben actuar los Guardas Forestales cuando por mandato legal están obligados a intervenir, sino que además, dicta a su Jefes una serie de pautas que han de seguir cuando éstos les informan de determinadas situaciones.

Artículo 51.

1. “El personal de Guardería cuidará de no emplear modos incorrectos, eludiendo discusiones y altercados al pedir los datos necesarios para formular las denuncias y dar cuenta a los interesados de que las van a presentar.

2. En el caso de que los denunciados se negasen a dar sus nombres y facilitar los demás datos que se les pidan, el personal de Guardería se valdrá de los medios que le dicte la prudencia para obtener estos datos, reclamando para ello, si hubiese ocasión, el auxilio de la Guardia Civil, dando cuenta inmediata del hecho a sus Jefes, con todas la indicaciones que puedan servir para precisar quienes sean los denunciados.

3. Si el personal de Guardería recibiese insultos, amenazas u ofrecimientos con motivo de la presentación de las denuncias, lo podrán en conocimiento de sus Jefes para que estos, a su vez, den cuenta inmediata del hecho al Juzgado correspondiente, cuidando de hacer constar en el oficio el carácter de Agentes de la Autoridad que tiene los individuos del Cuerpo de Guardería.

4. Si lo denunciados hiciesen objeto de agresión al personal de Guardería, éste se defenderá utilizando los medios proporcionados a aquélla y dará inmediata cuenta del hecho a sus Jefes para que éstos, a su vez lo comuniquen al Juzgado de Instrucción.”

Por el Real Decreto 609/1978, de 11 de marzo, por el que se regula el Régimen Retributivo del Cuerpo de Guardería Forestal del Estado, los miembros de este Cuerpo dejan de llamarse “Guardas Forestales” y en lo sucesivo pasan a denominarse “AGENTES FORESTALES”.

A principios de la década de los 80, como consecuencia de la descentralización política y el traspaso de competencias, la Guardería Forestal dependiente de los diferentes Servicios Provinciales es transferida a las diversas comunidades autónomas, quedando únicamente al servicio del Estado, los Agentes Forestales adscritos a Parques Nacionales.

La Estrategia Forestal Española, aprobada en el 2002, en su Anexo V: las profesiones forestales, hace primeramente un análisis de la situación, para posteriormente dictar una serie de recomendaciones o propuestas de acción.

“Respecto a los Guardas Forestales del Estado, el Decreto 2481/1966, de 10 de septiembre, cuyo contenido central que proviene del texto de 31 de diciembre de 1941, parcialmente reformado en 1953, sigue en parte formalmente vigente pero, de hecho, resulta prácticamente inaplicable. Aunque sus funciones fueron ampliadas poco antes por el Real Decreto 2711/1982, de 24 de septiembre, y la reforma de la función pública de la Ley 30/1984 no hace desaparecer el cuerpo, aparece adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Resolución del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 1984, y al Ministerio de Medio Ambiente en la Resolución del Ministerio de Administraciones Públicas de 28 de octubre de 1997, surgen, en la práctica, otros cuerpos y personal laboral. Ello unido, por un lado, a la descentralización política con el traspaso de las competencias de gestión forestal a las Comunidades Autónomas y, por otro, a la nueva regulación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 1986, hace que el cuerpo quede reducido a parte de los funcionarios adscritos al Organismo Autónomo Parques Nacionales.

Así, en el todavía ICONA se crea la Escala de Guardería (que extiende igualmente sus funciones por el citado Real Decreto 2711/1982 y que perdura a la Resolución del Consejo de Ministros, también citada, de 21 de diciembre de 1984) y a partir de 1989 también el ICONA consolida la práctica de contratar personal laboral para realizar funciones de vigilancia (Celadores, actualmente denominados Guardas de Parques Nacionales).

Las Comunidades Autónomas adoptan las más variadas prácticas, legislando en consecuencia, por lo que la Guardería Forestal permanece como cuerpo de funcionarios de las Comunidades Autónomas en algunas de ellas, mientras en otras se integran en una policía ambiental más amplia, como ocurre en Canarias. Las escalas a veces desaparecen y a veces se convierten en cuerpos auxiliares administrativos o en agentes forestales. En cualquier caso, lo que desaparece, al no aplicarse a este sector lo que excepcionalmente se hace con otros denominados cuerpos nacionales, es la creación y posibilidad de cuerpo único. Las Comunidades Autónomas tienen competencia plena para su organización y regulación y no existe posibilidad alguna de crear patrones comunes vinculantes a modo de lo que ocurre, por el contrario, en esos cuerpos nacionales recién mencionados.

Finalmente, la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de 1986 no los contempla. No existe tampoco una regulación equivalente a la que para los Guardas Particulares del Campo han establecido los Reales Decretos 137/1993, de 29 de enero y 2364/1994, de 9 de diciembre y, en cuanto a las armas, las Ordenes Ministeriales de 15 de febrero de 1997 y 30 de abril de 1998. Por ello, en algún caso se ha cuestionado, a fecha actual, su carácter de agente de la autoridad y la existencia –y extensión - de potestades de coacción administrativa y de uso de armas. Al ser este último aspecto una competencia no exclusiva de las Comunidades Autónomas, esta confusión se traslada también al personal de las Comunidades Autónomas.

Las propuestas de acción, pues, necesariamente, deben conllevar la clarificación de la situación:

- Debe regularse, por Ley de las Cortes Generales (o por Real Decreto u otra norma reglamentaria del Ministro del Interior, según corresponda), la conexión de las funciones de estos cuerpos, escalas y categorías profesionales con las de la legislación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a efectos de clarificar el uso de armas no teniendo sentido alguno que en los supuestos en que estos colectivos sean funcionarios ejerzan potestades de coacción administrativa, el uso de sus armas se regule como si se tratase de una guardería privada.

- La situación de los funcionarios y trabajadores estatales es una cuestión interna del Ministerio de Medio Ambiente, que aprobará o propondrá las actuaciones pertinentes dentro del marco de su política de personal.

- Las Comunidades Autónomas tendrán plena potestad de regulación de su personal organizándose como estimen más conveniente salvo lo dicho en el apartado 1, incluida la potestad para otorgar a los policías ambientales, guardería rural, guardería forestal, etc., potestades de coacción como agentes de la autoridad.”